Soy un mar de dudas gracias a las geniales decisiones de estos de lo público. La controvertida y precipitada reducción de la velocidad en autopistas y autovías, de 120 a 110 km/h, que entró en vigor hace hoy una semana sigue generando muchas dudas no solo entre los ciudadanos sino incluso en el seno de la Guardia Civil de Tráfico. Y no lo digo yo. Lo dice la propia Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional.
Desde que la medida entró en vigor el pasado lunes, la Unión de Oficiales, lamenta las escasas instrucciones respecto al funcionamiento operativo de los radares y la formulación de denuncias que se han impartido de forma verbal y todas en el sentido de mantener los límites sancionadores vigentes con anterioridad. Es decir, como si la velocidad máxima siguiese siendo de 120 Km./h, lo que implica que los radares salten y se denuncie al rebasar los 132 Km./h.
Llegados a este punto hay que apuntar que hasta la fecha, la única instrucción escrita conocida por la Unión de Oficiales data del año 2006:
Por otro lado,el organismo argumenta que la Orden ITC /3123/2010, de 26 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor, indica que para instalaciones fijas el radar puede actuar al rebasar los 116 km/h, y a 118 km/h en el caso de instalaciones móviles, para limitaciones de 110 km/h.
Evidentemente, la coexistencia de órdenes verbales y escritas contradictorias está generando confusión entre los Jefes de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil que no saben con certeza que límite aplicar.
Esto quiere decir que nos podemos encontrar con que haya conductores que son sancionados por rebasar los 116, otros al rebasar los 121 y otros los 132, lo que podría suponer un trato claramente discriminatorio, en función de la provincia por la que se circule.
Es ahora cuando toca romper una lanza a favor de los agentes de tráfico. Ellos solo cumplen las órdenes de un Gobierno a la deriva.
Tendrá que ser así.
